Monoambientes

La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado comenzó a evaluar una iniciativa presentada por el legislador frenteamplista Gustavo González, que busca modificar las condiciones de construcción para los proyectos que acceden a beneficios tributarios. El planteo central apunta a restaurar el requisito de una superficie mínima de 35 metros cuadrados para las unidades habitacionales promovidas.

Durante la presentación del proyecto, González aclaró que la propuesta no busca prohibir la construcción de unidades de menor metraje. Según consta en la versión taquigráfica, el senador precisó que si la industria inmobiliaria desea desarrollar monoambientes de menores dimensiones, es libre de hacerlo, aunque enfatizó que el Estado no debería otorgar exoneraciones fiscales para fomentar dicha tipología.

Por su parte, los legisladores de la coalición de gobierno manifestaron disposición para estudiar la propuesta técnica. El senador colorado Tabaré Viera calificó el argumento como de "recibo" y señaló que el partido analizará el tema junto a sus asesores, mientras que el senador blanco José Luis Falero subrayó la necesidad de contar con información precisa sobre la evolución de la construcción de estas unidades desde 2021 a la fecha.

Falero remarcó la importancia de fundamentar adecuadamente cualquier modificación en la normativa actual. El legislador oficialista explicó que, si bien la Ley de Vivienda Promovida fue impulsada por el actual gobierno, resulta necesario obtener elementos claros para evaluar si los resultados obtenidos hasta el momento han cumplido con las expectativas planteadas originalmente.

La comisión ha resuelto convocar a una serie de delegaciones para profundizar en el análisis, incluyendo al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Cámara de la Construcción, la Cámara Inmobiliaria, el Sunca y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU). Se espera que los aportes de estos organismos permitan alcanzar una posición definitiva respecto a la viabilidad de ajustar el metraje mínimo requerido.

En la exposición de motivos, el proyecto sostiene que promover viviendas de 25 metros cuadrados como política pública afecta la calidad de vida y el bienestar de los sectores más vulnerables. La bancada proponente argumenta que las renuncias fiscales efectuadas por el Estado deberían redundar en mejores estándares de habitabilidad y salud para los ciudadanos.