Licencias para autoconstrucción

Una nueva iniciativa parlamentaria respaldada por legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional busca transformar las dinámicas de la autoconstrucción en Uruguay. El proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes apunta a establecer un marco de flexibilización laboral para trabajadores que forman parte de programas públicos de vivienda de interés social.

El corazón de la propuesta consiste en otorgar a los dependientes de los sectores público y privado un mínimo de dos jornales mensuales remunerados para cumplir con sus horas de obra. De este modo, los participantes en proyectos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Agencia Nacional de Vivienda, Mevir y planes sociales podrán avanzar en la edificación de sus hogares sin sufrir descuentos salariales.

Con un claro enfoque de equidad e inclusión, la iniciativa incorpora un beneficio acumulativo destinado a sectores vulnerables. Aquellas mujeres jefas de hogar que tengan a su cargo niños de cero a tres años o personas con discapacidad contarán con un jornal remunerado adicional por mes, reforzando la protección social de estas familias.

Para salvaguardar la productividad de las empresas, el proyecto contempla un conjunto de límites operativos razonables. Las compañías que posean más de cinco dependientes podrán restringir el uso simultáneo del régimen al veinte por ciento de su plantilla, mientras que las microempresas de hasta cinco empleados podrán acotarlo a una persona en forma simultánea.

El acceso al beneficio exigirá el cumplimiento de ciertos requisitos formales para garantizar la transparencia del sistema. Los trabajadores deberán contar con una antigüedad laboral mínima de doce meses en la empresa, ser titulares o cotitulares del plan habitacional y presentar mensualmente la constancia de participación expedida por la entidad ejecutora.

El régimen de licencias se extenderá por un plazo máximo de doce meses durante la fase de ejecución de la obra, con la posibilidad de una única prórroga de tres meses. Esta cobertura busca subsidiar aproximadamente el veinte por ciento de las ochenta horas mensuales que habitualmente requiere el régimen de ayuda mutua.

Una de las innovaciones más destacadas de la norma es la creación de la figura del colaborador. Cada titular podrá nombrar a un familiar directo para que intervenga en la construcción, otorgándole a este un jornal remunerado al mes por un período de hasta un año, bajo los mismos criterios de acreditación y antigüedad.

El impacto potencial de la medida en el sector habitacional es de gran magnitud a nivel nacional. Actualmente, unos treinta mil trabajadores participan activamente en programas de construcción por ayuda mutua y autoconstrucción, los cuales impulsan doce mil soluciones habitacionales que benefician directamente a más de cuarenta mil personas.