Expropiación de viviendas

El senador Gustavo González, referente histórico del cooperativismo de vivienda y actual legislador, ha dado un paso firme en su agenda habitacional. Tras la aprobación unánime en el Parlamento de una ley que agiliza la expropiación de inmuebles vacíos con deudas compensables, González reafirmó en Canal 5 la necesidad de implementar este instrumento con celeridad para combatir la vacancia urbana, un fenómeno que afecta a miles de unidades en todo el país.

El legislador aclaró que la normativa no innova en la figura jurídica de la expropiación, existente desde 1912, sino que simplifica los procesos administrativos, reduciendo la cantidad de peritos necesarios para viabilizar el trámite. Según González, esto permitirá que las intendencias, actores clave en la gestión de carteras de tierra, cuenten con activos reales para desarrollar proyectos habitacionales, superando la parálisis que genera la falta de suelo apto para la construcción.

La propuesta de González se enmarca en una visión ideológica que define la vivienda como un derecho social inalienable y no como una mercancía sujeta a la especulación inmobiliaria. Al respecto, el senador enfatizó la necesidad de que el Estado asuma una postura activa, no solo recuperando activos privados ociosos, sino también revisando el estado de los inmuebles abandonados que pertenecen a diversos organismos estatales.

En la entrevista, González también profundizó sobre su iniciativa para elevar el metraje mínimo de las unidades en proyectos bajo la ley de vivienda promovida. El senador propuso fijar un piso de 35 metros cuadrados para garantizar condiciones de habitabilidad dignas, argumentando que las dimensiones actuales de muchos monoambientes —a menudo utilizados como consultorios u oficinas por inversores extranjeros— son insuficientes para el desarrollo de un núcleo familiar y favorecen el hacinamiento.

Lejos de buscar la prohibición de los monoambientes, el legislador aclaró que su intención es limitar el acceso a exoneraciones fiscales para unidades que no cumplan con estos estándares mínimos de calidad. Según el senador, es fundamental que los incentivos tributarios del Estado se orienten a fomentar viviendas que permitan una vida digna, y no a subsidiar unidades que, por sus reducidas dimensiones o costos, quedan fuera del alcance de los sectores populares que componen el déficit habitacional.

Esta agenda legislativa ha generado fricciones con la Cámara Inmobiliaria, sector que González señala como reticente a cualquier regulación. No obstante, el legislador asegura que cuenta con el respaldo de su bancada para avanzar en estas iniciativas, subrayando que su propuesta busca defender a los jóvenes y trabajadores del interior que enfrentan alquileres elevados en un mercado que, a su juicio, no ha logrado reducir el déficit de viviendas con las políticas vigentes.

Más allá de la expropiación y el tamaño de las unidades, González anticipó que trabaja en una propuesta para regular los alquileres por zonas y niveles de ingreso, inspirada en la premisa histórica de que ninguna familia debería destinar más del 25% de sus ingresos al pago de la vivienda. Aunque aún se encuentra en etapa de diseño, el objetivo es complementar las políticas actuales con herramientas que aseguren el acceso asequible en un contexto de incertidumbre económica global.

En última instancia, la postura de González refleja su convicción de que la resolución de la crisis habitacional requiere una construcción paciente y macerada de políticas públicas. Para el senador, la respuesta no reside en soluciones mágicas, sino en un Estado que se fortalezca a través de la gestión del suelo y una regulación que priorice la calidad de vida de la población por encima de los intereses de rentabilidad inmediata del mercado.