Cientos de obras frenadas

El sector de la construcción en Uruguay atraviesa un escenario de alta conflictividad tras el vencimiento del convenio colectivo de la industria. La falta de consensos entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) y las cámaras empresariales ha derivado en paros parciales, asambleas permanentes y la paralización de proyectos públicos y privados en diversos puntos del país.

El eje central de las reclamos sindicales radica en la propuesta de reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin disminución salarial. A esta exigencia el gremio añade peticiones vinculadas a la mejora de los protocolos de salud y seguridad en los obradore, la creación de fondos para la formación técnica continua de los trabajadores y regulaciones para limitar la informalidad laboral en el sector.

La dimensión de esta actividad es determinante para el panorama económico nacional. Según registros del Banco de Previsión Social (BPS) y análisis del sector, la construcción emplea a unos 55.000 trabajadores directos cotizantes, mientras que la cadena de puestos indirectos —que abarca transporte, suministro de materiales, canteras y servicios asociados— suma entre 100.000 y 125.000 ocupados más.

Debido a esta alta interconexión, la interrupción intermitente de las faenas genera un impacto en cadena. Las demoras en los cronogramas afectan el abastecimiento de insumos, el avance de emprendimientos de vivienda promovida y la ejecución de infraestructura vial y edilicia en todo el territorio.

Ante la intensificación del diferendo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, encabezado por Juan Castillo, mantiene un rol de mediador mediante la convocatoria regular a mesas tripartitas en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Desde la cartera se impulsa la búsqueda de puntos intermedios y se exhorta a las partes a mantener las instancias de negociación abiertas para evitar un deterioro mayor del clima laboral.

En las negociaciones coordinadas por el Ministerio de Trabajo, las cámaras empresariales han planteado la posibilidad de implementar esquemas graduales de reducción horaria a lo largo de un período de cuatro años. No obstante, las discusiones continúan estancadas debido a las discrepancias sobre la compensación de los tiempos no trabajados y los plazos fijados para los ajustes de las pautas salariales.

Por su parte, la dirección del SUNCA sostiene que las medidas sindicales aplicadas en las obras responden a los mandatos aprobados por sus órganos representativos. La dirigencia del gremio reitera que no suscribirá un acuerdo que implique un retroceso en el poder adquisitivo de los asalariados o la pérdida de derechos conquistados en convenios colectivos anteriores.

A la par de las negociaciones en la capital, el desarrollo de las medidas ha derivado en episodios de fricción entre obreros sindicalizados y trabajadores que optan por no acatar las medidas de fuerza o continuar con sus tareas. En obras del departamento de Colonia, según reportó El Observador, se han registrado momentos de tensión y acaloradas discusiones a las puertas de los obradores entre las delegaciones gremiales que realizan medidas informativas y aquellos dependientes que buscaban ingresar a sus puestos.

Ese tipo de situaciones también se ha repetido en otros puntos de alta concentración de proyectos, como Maldonado y Montevideo, donde las asambleas a las entradas de los recintos han obstaculizado temporalmente el libre tránsito de personal. El desacuerdo sobre el ingreso de dirigentes a predios privados para realizar reuniones gremiales ha sido uno de los principales focos de desavenencia sobre el terreno.

Frente a estos incidentes, las entidades empresariales del sector —la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción y la Cámara de la Industria de la Construcción del Este— han instado a las autoridades a garantizar el derecho al trabajo de quienes deciden no adherir a las medidas de fuerza. Señalan que los bloqueos y los cierres forzados comprometen los plazos de ejecución y la viabilidad económica de las empresas.

Las asambleas zonales del SUNCA continúan evaluando la marcha de las negociaciones tripartitas para resolver la profundización o la pausado del plan de movilizaciones. Entre tanto, las mesas de diálogo en el Ministerio de Trabajo intentan acortar la distancia entre las partes para alcanzar una fórmula que destrabe el conflicto y restablezca la operativa normal en las obras de todo el país.