Aeropuerto bajo la lupa

La polémica en torno a la proyectada construcción de un aeropuerto internacional en la franja costera que limita los departamentos de Rocha y Maldonado ha alcanzado un punto de máxima tensión institucional. Lo que nació como una iniciativa clave de infraestructura turística se encuentra hoy bajo la atenta lupa de las autoridades ambientales del país.

El centro del debate radica en la localización elegida para el emprendimiento, emplazado sobre la Ruta 10, exactamente en el frágil corredor biológico situado entre las lagunas Garzón y de Rocha. Ambas zonas gozan de la máxima protección legal en el país debido a su incalculable valor ecológico y patrimonial.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, irrumpió en la agenda pública al declarar con rotundidad que el proyecto debe buscar indefectiblemente una localización alternativa. Sus palabras reflejan la creciente preocupación de una cartera que no está dispuesta a ceder ante presiones de desarrollo urbano en áreas frágiles.

La postura firme del jerarca no responde a un mero impulso burocrático, sino al sólido respaldo técnico que aportan tres informes de evaluación independiente. Estos documentos, elaborados por académicos y consultoras especializadas, han catalogado el lugar seleccionado como inviable desde el punto de vista del equilibrio natural.

Entre los análisis más contundentes se destaca el realizado por la consultora Geo Ambiental, el cual expone severas objeciones tanto ecológicas como aeronáuticas. Los técnicos advierten sobre la alteración irrecuperable de humedales, pastizales y sistemas de albuferas que sirven de refugio a especies migratorias protegidas.

A las advertencias biológicas se suma un factor técnico de seguridad operativa de primer orden: la interacción entre la abundante fauna avícola de la zona y las aeronaves. Los expertos subrayan que el riesgo de accidentes por colisión de aves en las fases de despegue y aterrizaje posee una consecuencia calificada como potencialmente crítica.

El proyecto original contempla una pista de más de mil metros de extensión y un flujo estimado de mil operaciones anuales, pensado principalmente para aviación privada de alto poder adquisitivo. Sin embargo, la magnitud de la infraestructura contrasta drásticamente con las severas restricciones impuestas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Para contextualizar el nivel de sensibilidad del área, diversos analistas recuerdan las estrictas regulaciones adoptadas en el pasado reciente en Laguna Garzón, donde se prohibieron actividades náuticas menores por el solo hecho de perturbar el descanso de la avifauna. Permitir el despegue constante de turbinas en el mismo perímetro crearía una contradicción insostenible.

Asimismo, la presión política y social en torno a las áreas protegidas de la costa rochense ha llevado a diversos colectivos locales a movilizarse activamente. La preservación del paisaje autóctono y los ecosistemas frágiles se ha transformado en un estandarte de defensa territorial insoslayable ante cualquier proyecto empresarial.

En este escenario, la pelota se encuentra ahora en la cancha del sector privado promotor del emprendimiento y de las autoridades de aviación civil. Con casi cuarenta estudios técnicos adicionales aún pendientes de entrega, todo apunta a que la única salida viable para salvar la obra será reubicar la pista tierra adentro, lejos del frágil ecosistema costero.